PATRIMONIO

ALJARANDA

Fondos documentales sobre Tarifa
en el Archivo Histórico Nacional

Juan A. Patrón Sandoval

    El Archivo Histórico Nacional se creó en virtud del Real Decreto de 28 de marzo de 1866 (Gaceta de 31 de marzo de 1866) como "archivo público general del reino", con la misma denominación que hoy ostenta.

    En su fundación en pleno siglo XIX, influyeron el apogeo de las corrientes de erudición en estudios históricos, las importantes reformas llevadas a cabo en las Administraciones Públicas que repercutieron en la política archivística española y, como hecho desencadenante, la necesidad de recoger y organizar toda la documentación que, tras la aplicación de las leyes desamortizadoras del XIX, se almacenaba en el Ministerio de Hacienda y en la Real Academia de la Historia procedente de las instituciones eclesiásticas.

    Hasta 1896 la Real Academia sería la sede del Archivo, trasladándose ese año al Palacio de Bibliotecas y Museos. Esta nueva instalación, junto con la dirección de Vicente Vignau Ballester, a partir de septiembre del mismo año, significó un impulso definitivo como gran Archivo Nacional, puesto que bajo la nueva dirección se reunirían en este Centro no sólo los fondos que se hallaban instalados hasta ese momento en la Academia, sino también los papeles producidos por la Administración Central que se encontraban repartidos por las distintas dependencias de los Ministerios, completamente inaccesibles para la investigación y con grave peligro para su conservación.

    Sito desde el año 1953 en el número 115 de la calle Serrano de Madrid, el Archivo Histórico Nacional conserva fondos de muy variada procedencia, principalmente producidos por las instituciones del Antiguo Régimen y contemporáneas (Consejos, Secretarías de Estado, Ministerios...). Reúne también documentación generada por otras corporaciones e instituciones de ámbito regional, provincial o local, así como archivos familiares y personales. Sus fondos abarcan una gran amplitud cronológica (s. IX-XX), que junto a la heterogeneidad de los mismos hace que el Archivo Histórico Nacional sea un "archivo de archivos", tan diferente en su constitución al resto de los grandes depósitos históricos.

    Retomando una idea que inicié en marzo de 1999 con la publicación en esta revista de "Aviso a los Navegantes: Tarifa en los fondos manuscritos de la Biblioteca Francisco de Zabalburu" y puntualmente en sucesivos números de ALJARANDA, donde me limitaba a la trascripción de uno u otro documento para darlo a conocer, y por considerar que en absoluto queda completada la labor de recuperar para su estudio cuantos fondos documentales sobre Tarifa se hallan dispersos por los distintos archivos de nuestra geografía, le toca el turno ahora a ese "archivo público general del reino", en el que como era de esperar se guardan numerosos documentos sobre Tarifa. Aún convencidos de que ha de albergar, al menos, otro tanto más respecto de los que aquí citamos, sirva este artículo para dejar abierta una nueva puerta por la que se pueda enriquecer en un futuro la historia "pasada" de nuestro pueblo.

    La presentación de estos documentos, con una breve reseña para cada uno de ellos, se realiza por cada una de las Secciones en que se dividen los depósitos del Archivo y sólo en aquellas en la que hemos encontrado alguno relacionado en mayor o menor grado con Tarifa.

Sección DIVERSOS:

    Sus fondos lo forman archivos municipales y de instituciones, archivos familiares y colecciones particulares adquiridas por compra, depósito o donación. Abarcan desde el siglo X al XX y suman más de 7.000 legajos. Entre ellos, recogidos en el volumen I del catálogo de la Serie General de esta Sección, encontramos quizás los documentos más antiguos en la sede madrileña del Archivo Histórico Nacional con referencia a Tarifa; bajo la entrada de Tarifa y/o Concejo de Tarifa, en la página 231 de dicho volumen se encuentran varias referencias de comienzos del siglo XV, entre las que sólo anotamos a título informativo dos de ellas:

Sección NOBLEZA:

    Desde 1992 los fondos documentales del Archivo Histórico Nacional correspondientes a Casas Nobles se conservan en otro recinto y en otro lugar, en Toledo. Al núcleo original se han unido, a partir de esa fecha, otras adquisiciones y depósitos de archivos nobiliarios.

    En la actualidad, la Sección Nobleza custodia 241 archivos, la mayoría procedente de las Secciones Osuna y Diversos del Archivo Histórico Nacional de Madrid.

    Si bien lo apuntado anteriormente para la Sección diversos, es en esta nueva sección, con sede en el Hospital Tavera de Toledo (1), donde encontramos el documento más antiguo relativo a Tarifa. Está fechado en 1394 y su reseña, junto con la de otros con igual referencia a Tarifa, es la siguiente:

Sección CONSEJOS SUPRIMIDOS (CONSEJOS):

    Es la sección más extensa del Archivo pues contiene más de 57.000 unidades (legajos y libros) de cinco de los Consejos que asesoraban al rey en la Edad Moderna: Consejo y Cámara de Castilla (siglos XV-XIX), de Aragón, Hacienda, de Indias y de Cruzada.

    Entre los fondos correspondientes al Consejo de Castilla, en la Serie Pleitos sobre Mayorazgos, Estados y Señoríos, no era de extrañar la aparición de alguno de tantos en los que la tenencia o el término de Tarifa era una de la cuestiones a dirimir. Así, aparecen catalogados:

    Estos dos últimos legajos contienen gran cantidad de documentos (autos, probanzas, poderes, etc...) que, procedentes de la Escribanía Granados, abarcan desde 1637, fecha en que se inició el pleito por la tenuta del Estado y Mayorazgo de Tarifa con el título de marqués y bienes y rentas anejas, tras la muerte ese año de don Fernando Enríquez de Ribera, III duque de Alcalá y V marqués de Tarifa, hasta 1704, un año antes de la muerte del último Almirante de Castilla, Juan Tomás Enríquez de Cabrera, tras la cual debió concluir definitivamente el pleito. La resolución final fue a favor de los duques de Medinaceli, que de hecho venían disfrutando la tenuta desde 1639.

    Por su interés para algunas investigaciones en curso, transcribimos un fragmento de la "Probanza y bajo parte de la Duquesa de Medinaceli y Marquesa de Tarifa y Alcalá [Ana María Luisa Enríquez Afán de Ribera Portocarrero y Cardona] en el pleito sobre la tenuta del mayorazgo del Estado de Tarifa", fechada el 14 de noviembre de 1644, y en la que se manifiesta lo siguiente:

Fragmento del árbol genealógico de D. Diego Guzmán y Velasco, fundador del Mayorazgo que incluía la alcaidía perpetua del Castillo tarifeño. (A.H.N. Consejos. Legajo 43.255. Expediente 1. p. 185).

    También de los fondos del Consejo de Castilla no dejan de ser menos interesantes dos legajos de la misma Serie Pleitos sobre Mayorazgos, Estados y Señoríos y/o Mayorazgos españoles, en los que se recogen los mantenidos desde el 23 de octubre de 1708 hasta su conclusión en 1859, por la tenuta del mayorazgo regular del tarifeño Diego de Guzmán y Velasco, caballero de la orden de Santiago y en quien se había perpetuado por juro de heredad el oficio de la alcaidía del castillo de Tarifa en una Real Cédula expedida por la Cámara de Castilla el 17 de mayo de 1639. Dicho mayorazgo fue establecido a su muerte, según testamento de 6 de diciembre de 1660, en el tercio y remanente del quinto de sus bienes en favor de su hijo Luis de Guzmán y Carvajal. Sin embargo, su fundación definitiva no se verificaría hasta la disposición testamentaria de la esposa del primero, Juana María de Acosta y Portugal, que la fechaba en 3 de abril de 1682, esta vez a favor de su hija Casilda de Guzmán y Velasco, por muerte del anterior heredero. El citado mayorazgo contendría como bienes de él: la Alcaidía perpetua del castillo y fortaleza de Tarifa, las dehesas de la Canchorrera y Quebrantanichuelos [sic], los derechos del uno por ciento de las ciudades de Tarifa y Gibraltar, un Juro de 164.256 maravedíes de renta sobre el papel sellado de la ciudad de Gibraltar, el Patronato del convento de la Santísima Trinidad Calzada de la ciudad de Tarifa...

    Dentro de los fondos del Consejo de Castilla, en la Serie correspondiente a la Sala de Gobierno (Baldíos) encontramos los siguientes:

    Finalmente, cabría reseñar también dentro de esta misma sección de fondos el que ya fuera profusamente analizado por Andrés Sarriá Muñoz en su libro Tarifa a comienzos del siglo XVIII, una sociedad conflictiva en la encrucijada de Gibraltar:

Sección ESTADO:

    Sin duda, hasta el momento, la sección que aglutina mayor documentación directa o indirectamente relacionada con Tarifa es la Sección Estado, formada por los fondos de los Consejos de Estado, Italia y Flandes del último tercio del siglo XVII, y los documentos de la Secretaría de Estado del siglo XVIII y XIX. La mayor parte se refiere a la acción diplomática y militar de España en el extranjero, aunque hay también otros documentos, procedentes de la Guerra de la Independencia (1808-1814) y expedientes de caballeros de la orden de Carlos III y otras órdenes civiles. En total unos 9.800 legajos y entre ellos, siguiendo un orden cronológico para su ordenación, se han encontrado los siguientes:

    El primero de ellos, aún sin conocer exactamente por lo extenso del legajo (con un total de 31 expedientes y 73 documentos) el documento en cuestión, cabe citarlo por hacerse referencia en uno de ellos a Luis de Guzmán y Carvajal como Alcaide de Tarifa, el primero de apellido Guzmán que lo fue de hecho tras la restitución de la ciudad a la Corona en 1596.

    Cuanto referente a Tarifa se hallaba inserto en los diversos expedientes del legajo anterior ya fue abordado y presentado en las páginas de esta revista por Carlos Posac Mon en su artículo "Las actividades en Marruecos del tarifeño Manuel Borrajo y Montañana" (ALJARANDA nº 24. Marzo, 1997).

    Merecedor, sin duda, de un estudio más detallado sobre la figura del que se trata, el expediente se inicia con una carta de 24 de diciembre de 1799 por la que un incipiente personaje en la historia de Tarifa, el cónsul en Tánger Antonio González Salmón, escribía a su hermano en la Corte manifestándole "la irregular conducta en la administración de Justicia" en el gobierno de la ciudad, remitiéndole al tiempo un memorial por el que los regidores de la misma solicitaban al rey el relevo de su gobernador.

    Pedro Lobo y Arjona, teniente coronel e Ingeniero ordinario, había tomado posesión como Gobernador de Tarifa el 18 de diciembre de 1795 sustituyendo en el cargo a Alberto Albrecht y pese a lo enconado de la oposición que manifiesta el memorial al que hicimos referencia, conservó su cargo de Corregidor de Tarifa hasta el 11 de julio de 1807, fecha en la que fue relevado por el coronel Manuel Dabán y Urrutia.

    Desde muy temprano (1796) se preocupó por las obras públicas, tales como intentar el desvío del arroyo, la traída de agua desde el río Guadalmesí y la construcción de tres fuentes públicas, por la necesidad de una mínima fortificación de la Isla, propuso al Príncipe de la Paz la necesidad de erigir un faro en ésta (1796) y elaboró el proyecto de un cementerio en el cerro de las Tres Cruces, llegando incluso a firmar el plano personalmente por su calidad de ingeniero (1806), aunque sin duda se ganó la oposición municipal por su proyecto de abolir la perpetuidad del cargo de regidor y recuperar para Tarifa sus montes de Propios.

    Así, el informe final del gobernador de Cádiz, basado en la opinión encontrada de algunos vecinos de Tarifa, entre ellos la del Alférez Mayor del Ayuntamiento de Tarifa, Juan Serrano y Muñoz, quien confirmaría los excesos, vejaciones y tropelías que se le atribuían a Lobo, pero adoptando la del sargento Mayor del Batallón de Voluntarios de Valencia, el teniente-coronel Francisco Xavier de Elío, concluiría que ..Pedro Lobo era sujeto íntegro, entero, activo, solícito del bien común, pero sobrado intrépido, y que carecía de la prudencia, suavidad y tino necesarios para el logro del bien que quería proporcionar con la reforma de abusos, usurpaciones y desórdenes de varias clases que intentaba remediar, y en cuya conservación interesaban los Magnates con quienes luchaba, incluso el Duque de Medina-Celi y especialmente para quitarles las tierras que abusivamente aprovechaban. Que era cierto que se hallaba casado con una hija del País, pero también que no por eso su parentela lograba la menor influencia en el gobierno y que no convendría removerle de aquel destino.

Correspondencia de carácter oficial del gobernador de Ceuta [Juan Bautista de Castro, donde se nos presenta todavía al cónsul Antonio González Salmón como residente en Tarifa debido a la peste en Tánger, con referencias a las normas sanitarias en los puertos españoles, desembarcos con incidentes en la costa de Ceuta, sobre el abastecimiento de víveres a esa plaza y sobre el ataque de barcos ingleses a españoles]. Fechas de 26 de abril a 7 de junio de 1800.
Estado. Legajo 579.

    Es de nuevo el profesor Carlos Posac Mon quien ya nos brindó con "Tarifa, base de espionaje en la Guerra de la Independencia" (Almoraima nº 12. Octubre, 1995) la oportunidad de conocer lo que sobre nuestro pueblo se encontraba en las dos últimas reseñas anotadas. Ambas referentes a la correspondencia del entonces todavía cónsul y ya intendente honorario del Ejército Antonio González Salmón, quien, siendo director de las Reales Obras y del Presidio de la plaza, se convertiría en uno de los principales personajes de la historia de Tarifa hasta la fecha de su muerte, acaecida ésta en enero de 1834. A él se deben el camino de la isla (1808); el primitivo paseo de la Alameda (1813); el antiguo cementerio provisional del Santo Cristo de la Piedad (1814); la definitiva construcción e iluminación del faro (1812-1822); la mayor parte de las fortificaciones de la isla; la fuente de la Plaza del Mesón (1831); el refugio de pequeñas embarcaciones locales conocido como "el foso"...

    Expediente sobre el que el autor tuvo la oportunidad de trabajar, ofreciendo su contenido en las páginas de esta revista, véase "Condecoraciones y gracias concedidas a los defensores de Tarifa (1811-1812)" (ALJARANDA nº 36. Marzo, 2000).

    También fue el autor quien se refirió a los dos últimos expedientes reseñados en el artículo "Tarifa en las Actas del Consejo de Ministros de Fernando VII. 1823-1834" (ALJARANDA nº 34. Septiembre, 1999).

Sección FONDOS CONTEMPORÁNEOS:

    Sección constituida hacia 1960 para recoger los fondos procedentes de la Administración General del Estado, antes de crearse el Archivo Intermedio de Alcalá de Henares en 1969.

    Así, en abril de 1963, con el fin de facilitar el traslado del Archivo del Ministerio de Obras Públicas a su nueva sede en Alcalá de Henares, se transfirieron al Archivo Histórico Nacional 2.774 legajos, de los cuales 286 eran de Puertos y Señales Marítimas, y he aquí que entre éstos, como parte integrante de la Serie del Ministerio de Obras Públicas (3), encontramos el siguiente grueso de documentación referente a Tarifa, cuya reseña es la siguiente:

    Sin embargo, no son éstas las únicas referencias a Tarifa que encontramos en la sección. Dentro de los fondos de Gobernación y Serie General, entre los procedentes de la antigua Dirección General de Beneficencia y Sanidad Marítima cabría reseñar:

Sección GUERRA CIVIL:

    La Sección Guerra Civil fue creada en 1979 y estaba adscrita al Archivo Histórico Nacional formando en el mismo una División independiente con sede en Salamanca hasta 1999, año en el que tomando como núcleo documental el existente en dicha sección se creaba el Archivo General de la Guerra Civil Española conservando su misma sede.

    Los fondos existentes en el momento de constituirse como Archivo Histórico Nacional eran los procedentes de los Servicios Documentales de Presidencia de Gobierno y los del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, divididos en un principio en dos secciones, una especial y otra político-social (5).

    Es en la primera de ellas, también denominada "Masónica" por recoger toda la documentación incautada a las instituciones masónicas y la que se elaboró sobre las mismas, estructurada en tres tipos de expedientes informativos: personales, de logias y de asuntos, complementados por el denominado Fichero General Masónico y que resume su contenido en unas 180.000 fichas, donde encontramos la referencia a la logia tarifeña Bercelius nº 199, su signatura:

    Los fondos correspondientes a dicha logia, así como algunos expedientes personales de sus miembros tales como el legajo 88-expediente 10, han sido ya profusamente tratados por Luis A. Del Castillo Navarro en "La logia Bercelius número 199 de Tarifa: Elevación de columnas" (Almoraima nº 9. Mayo, 1993) y, sobre todo, por Antonio Morales Benítez en "Composición socio-profesional de los masones tarifeños del siglo XIX" (ALJARANDA nº 13. Junio, 1994), "Masonería y Política en Tarifa a fines del siglo XIX" (Almoraima nº 13. Abril, 1995) y "Los miembros de la masonería tarifeña entre 1885 y 1895" (ALJARANDA nº 33. Junio, 1999).

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

(1) Archivo de la Casa de Osuna. Hospital Tavera, C/ Duque de Lerma, 2. 45003 Toledo.
(2) En la referencia del Archivo Histórico Nacional figura por error años 1639-43.
(3) Los documentos descritos se deberán solicitar para su consulta o reproducción mediante la notación: FC-Mº-O-P-PUERTOS, nº de legajo.
(4) Sin embargo, quien esté interesado en este asunto no deberá dejar de consultar en el Archivo General de Marina "Álvaro Bazán" el expediente al respecto contenido en el Legajo 5.639 de la Sección de Puertos, donde podrá encontrar documentación adicional al mismo. Por otra parte, el que se trata constituye el origen de un tema ya abordado brevemente en las páginas de nuestra revista por CORRERO GARCÍA, M., quien utilizó para ello los fondos del Archivo de Protocolos Notariales de Algeciras (véase "El semáforo Internacional". ALJARANDA nº 30. Septiembre, 1998) y por SEGURA GONZÁLEZ, W. ("El semáforo internacional y el palomar militar". ALJARANDA nº 34. Septiembre, 1999).
Aunque el segundo afirma que el semáforo comenzó a funcionar en 1868, cabe anotar ahora lo que al respecto nos ofrecía en 1928 la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Espasa. Tomo LIX. Voz Tarifa. pp. 642-643, donde se leía lo siguiente:
"El semáforo, que empezó a funcionar en 1873 y fue trasladado al cerro que hoy ocupa [del Camorro], se halla en un edificio cuadrado y adosado a él, por la parte que mira al mar y de forma ovalada, está el observatorio, ambos pintados de blanco; comunica con las embarcaciones mercantes y con las de guerra extranjeras sólo por medio del Código Internacional de Señales; funciona en circunstancias normales desde la salida hasta la puesta de sol, y en lo referente al servicio, está en un todo sujeto a lo estipulado en el Convenio telegráfico internacional de París, posteriormente revisado en Roma".
(5) Este Archivo General está formado en su núcleo principal por los documentos de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos que el ejército de Franco obtenía selectivamente en las unidades administrativas de diversos organismos e instituciones en los diversos frentes durante la Guerra Civil. Estos documentos se reunían en las Delegaciones Territoriales de Recuperación de Documentos y desde éstas se enviaban a la Delegación Central de Recuperación de Documentos de Salamanca, constituyendo una de las fuentes básicas de información para el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo creado en 1940. El archivo de este Tribunal Especial conserva los procesos seguidos ante el mismo por los delitos de Masonería y Comunismo desde su creación en 1940 hasta su desaparición en 1963.

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