Utopía y Realidad: Tarifa en la Revolución de 1868

Antonio Morales Benítez

    A lo largo de todo el siglo XIX español, ante cada crisis del poder central, el país había tendido a constituirse de una manera automática en juntas. Las competencias que asumieron estos organismos fueron variadas: desde funciones estrictamente políticas tendentes a reorganizar la vida ciudadana, a otras plenamente militares como armar al pueblo. Ante el vacío de poder fueron las únicas autoridades legítimas en tanto no fuesen constituidas en gobierno provisional. Las juntas tuvieron un indudable protagonismo en las movilizaciones tras el pronunciamiento militar de septiembre de 1868, a través de ellas se encauzó el entusiasmo que concitó la Revolución en las capas populares, ya que la Gloriosa despertó las esperanzas de un verdadero cambio.

    En Tarifa el pronunciamiento triunfó definitivamente el 22 de Septiembre, tras la retirada a Algeciras de las tropas destacadas en la localidad. Sin embargo, con anterioridad a ello el Gobernador militar de la plaza se había opuesto a los revolucionarios, deteniendo a dos cabecillas, Francisco Alba Fruzado y Pablo Gómez Moure, y amenazando con su fusilamiento (1).

Lápida que se encuentra en el Museo Municipal y que daba nombre a la actual Plaza de Santa María. (Foto Naranjo)

    El triunfo de la Revolución en el resto de la provincia le hizo desistir. Tras ello la multitud acompañó a los dos liberados al ayuntamiento para hacerse cargo del gobierno municipal (2). Una junta de Gobierno, compuesta en su mayor parte por conocidos republicanos de la localidad, asumió el poder y destituyó al Ayuntamiento monárquico. Esta junta se hizo cargo de la situación y, para obtener el apoyo del pueblo, proclamó el establecimiento de un nuevo orden político y social (3). En las arengas dirigidas a la población se hablaba más de revolución que de pronunciamiento. Para garantizar el orden público y asegurar el triunfo de sus postulados frente a cualquier intento contrarrevolucionario se procedió a la constitución de una fuerza armada propia, una milicia ciudadana denominada Voluntarios de la Libertad, reclutada entre personas de la localidad adictas a los principios de la Revolución (4). Desde los primeros momentos se constituyeron dos compañías de Voluntarios, que pronto se verían ampliadas a tres, tras la iniciativa de otros 83 vecinos para apoyar al nuevo régimen y contribuir al sostenimiento de los logros revolucionarios (5). La Junta para asegurarse el control directo situó casi siempre al frente de cada una de las milicias a miembros destacados del Comité que había tomado parte en los acontecimientos revolucionarios de septiembre. Los capitanes de las dos primeras compañías fueron los vicepresidentes de la propia Junta de Gobierno: Francisco Alba Fruzado, estudiante de derecho y Miguel Derqui España, propietario, ambos de filiación republicana; en tanto que de la tercera compañía se haría cargo José Martínez Gallardo (6). Esta fuerza aseguraba el control del curso de los acontecimientos; sin embargo, por su escaso armamento resultaba poco operativa para prevenir cualquier intento contrarrevolucionario; como refuerzo se hicieron traer desde Cádiz 200 fusiles, cuyo traslado corrió a cargo del Ayuntamiento (7).

    Debido a la importancia militar de Cádiz, donde había una gran cantidad de armamentos, la Junta Provincial, había procedido a armar a grupos de ciudadanos en cada pueblo de la provincia a medida que la revolución iba triunfando. El carácter de las milicias que se formaron difiere en unas localidades de otras; en algunas fue un fenómeno más espontáneo que en otras, que establecieron bases para efectuar el alistamiento y se determinó un jornal para sus componentes; incluso en algunos casos se superaron los ámbitos de la localidad y se organizaron columnas expedicionarias que debían extender la revolución a otras poblaciones (8).

    Ante la ausencia de la guarnición del Castillo y de la fortaleza de la Isla, el proceso de los primeros meses de la Gloriosa se desarrolló en Tarifa sin la presencia del Ejército. Durante este tiempo las nuevas autoridades tarifeñas destacaron la ausencia de contlictos importantes y la eficacia de los Voluntarios en labores de vigilancia y mantenimiento del orden público. El único incidente que se recoge fue el protagonizado por jornaleros y artesanos ante las dependencias del ayuntamiento tarifeño que en número considerable se presentaron reclamando a voces y por medio de una exposición seguida de infinidad de firmas que se llevase a efecto el reparto de las tierras de propios y de baldío. La Junta de Gobierno accedió a estas peticiones alegando que le era imposible oponerse abiertamente al torrente de un pueblo frenético (9). Sin embargo, tenemos que dudar del carácter de estas manifestaciones, ya que no podemos saber hasta que punto fueron expresiones espontáneas del sentir popular o más bien una estrategia desplegada por los propios miembros de la Junta para ganarse el apoyo de la población y aplicar una medida que ya estaba recogida en su programa político (10). En este sentido sólo pudo ser el vehículo utilizado. De cualquier forma, tras esta expresión de los vecinos se procedió al nombramiento de diversas comisiones para acometer los trabajos previos, consistentes en efectuar los deslindes de las dehesas de propios y baldíos. Posteriormente se establecieron las bases para su repartimiento.

    La Junta de Gobierno de Tarifa tuvo un carácter eminentemente burgués; sus componentes pertenecían en su mayor parte a una clase media configurada en torno a una pequeña burguesía local ilustrada y su objetivo era el sostenimiento del orden y, en principio, el amparo de la propiedad, aún cuando fuese de dudoso origen (11); sin embargo, no sería insensible al problema de la tierra. Para salvar la coyuntura, huyendo del radicalismo de otras juntas, sin lesionar los intereses del caudal público, se pensó gravar la tierra repartida con la imposición de un canon equivalente a los productos que rinden a los fondos propios. Con los repartimientos los revolucionarios pretendían ampliar su base social al tiempo que se podía abrir una nueva era de felicidad y ventura de los vecinos pobres y [dar] impulso y desarrollo a la riqueza (12). En Tarifa, podemos concluir, existió un nexo entre un republicanismo de base burguesa y unos sectores populares que aún confiaban en la acción política.

    Todo este proceso coincidió con la marcha del general Serrano a Madrid el derrocamiento de la Monarquía de Isabel II y la formación de un gobierno provisional entre unionistas y progresistas, dejándose a un lado a los otros socios en la Revolución: demócratas y republicanos. Este Gobierno al hacerse cargo del poder quiere encauzar el proceso revolucionario e implantar la normalidad institucional; en primer lugar decretó la disolución de todas las juntas, que controlaban los asuntos locales al margen de su control político. Para que esta medida no suscitara rechazos se permitió que sus miembros se designasen a si mismos concejales con carácter interino de los nuevos ayuntamientos, hasta que se celebrasen elecciones municipales. Otras iniciativas gubernamentales fueron el decreto de devolución de tierras, que invalidó todos los repartimientos efectuados por las juntas, y el que ordenaba la disolución de las milicias ciudadanas. Finalmente, el Gobierno en un manifiesto publicado el 25 de octubre daba a entender sus preferencias por el régimen monárquico.

Ante la ausencia de la guarnición del Castillo y la Isla, los primeros meses de la Gloriosa se desarrollaron en Tarifa sin la presencia del Ejército.

    Estas medidas fueron recibidas con estupefacción por la mayoría de las juntas provinciales y locales que habían tomado parte desde los primeros momentos en la Revolución. En Tarifa el protagonismo de los republicanos había despertado en las clases populares esperanzas de cambio, y no sólo político, y removió tensiones sociales al tratar asuntos como el problema de los braceros, el latifundismo, la legalidad de algunos títulos de propiedad o el derecho al trabajo. El 22 de octubre, un día después de la fecha límite impuesta por el Gobierno provisional, se disolvió la Junta de Gobierno tarifeña, y la Junta Municipal Administrativa se constituyó en Ayuntamiento y sus miembros en concejales, presididos por el republicano Pablo Gómez Moure, que es nombrado alcalde. La nueva corporación se mostró solidaria con las medidas adoptadas por la disuelta junta de Gobierno al anunciar su disposición a combatir por medios legales el decreto gubernamental sobre devolución de tierras, tras recibir una dura circular de la Junta provincial calificando los repartimientos de atentado contra la propiedad. Los nuevos concejales apelaron a su condición de tarifeños amantes del engrandecimento y prosperidad de su pueblo para reclamar que el repartimiento continuase bajo las bases establecidas; aunque, al cuestionar el Decreto, tampoco podían ocultar su preocupación por la gravísima situación en que se colocan. La reclamación iba apoyada con el argumento de que no se podía hacer frente a los desórdenes y conflictos en que se vería envuelta la población si se opusiera al reparto proyectado. Para ganar tiempo, y no infringir la ley, se nombró una comisión formada por el propio alcalde y por los vecinos Juan Trujillo Álvarez y Francisco López Nó, que debía trasladar al Gobernador Civil de la provincia la solicitud de una autorización provisional para continuar con el deslinde y división que se está practicando [...] por ser de imperiosa necesidad. Con ello el Ayuntamiento intentó evitar la paralización de los trabajos emprendidos en tanto diesen fruto otras iniciativas para conseguir la autorización definitiva (13). Todavía, el día 2 de diciembre la Corporación se dirigió a la Diputación Provincial en demanda de ayuda para socorrer a más de 200 jornaleros que al no tener medios de subsistencia se habían presentado ante las puertas del Ayuntamiento.

    Sin embargo, la crisis más aguda la provocó el decreto de disolución de las milicias ciudadanas, que dio origen a numerosas revueltas. En algunas ciudades hubo que ofrecer dinero y trabajo por cada fusil entregado. Pero los incidentes más graves se produjeron en Cádiz, donde la Milicia se enfrentó al ejército. El bando del 5 de diciembre que ordenaba la entrega de las armas fue la chispa que provocó el estallido: sólo en la ciudad hubo más de 50 muertos y casi 200 heridos (14). Los incidentes también afectaron al Puerto de Santa María y a Jerez. La gravedad de éstos impidió la celebración de las elecciones municipales en la capital gaditana, que debieron posponerse hasta el mes de enero. Estos comicios, los primeros de carácter municipal en la Historia de España con sufragio universal masculino, fueron concebidos como un ensayo para unas futuras elecciones constituyentes.

    Los comicios pudieron celebrarse en Tarifa sin incidentes los días 18 y 21 de diciembre. Los resultados dieron el triunfo a una coalición de progresistas y republicanos, que habían acudido unidos dentro de una misma candidatura. Tras estos resultados, el mismo Pablo Gómez Moure sería proclamado alcalde democrático (15). En la provincia de Cádiz la candidatura republicana se alzó con el triunfo en numerosas localidades, y, en general, experimentó un espectacular avance esta nueva fuerza política que hasta entonces había estado oculta dentro del Partido Demócrata.

    Dentro de este clima de calma, velada por los Voluntarios de la Libertad, se produjo el regreso de los militares a sus cuarteles de Tarifa. El nuevo gobernador militar interino de la plaza, el comandante Gregorio Eizaguirre, fue bien recibido por el municipio al destacarse por sus ideas liberales y su posición a favor de la Revolución. Esta convicción llevó incluso al ayuntamiento a enviar una representación al Ministerio de la Guerra para solicitar su nombramiento como gobernador en propiedad (16).

    Sin embargo, a nadie se le podía ocultar que en la ciudad se venía ignorando el Decreto de disolución de las milicias. Aquí continuaban operando los voluntarios, pero la desconfianza del Gobierno hacia los republicanos y la gravedad de los enfrentamientos en Cádiz hizo, sin duda, que el Gobierno se decidiese a intervenir militarmente en Tarifa para imponer el Decreto.

    Con esta misión se envió a Tarifa el vapor de guerra Vulcano. Este buque había prestado importantes servicios a la causa de la Revolución ya que fue uno de los barcos que intervino en el pronunciamiento de la Armada contra la reina en la Bahía de Cádiz el 18 de septiembre. Con posterioridad a ello fue enviado a Marruecos para tomar medidas contundentes contra los titulares de los consulados españoles que se negaban a sufragar los gastos de la Marina de los revolucionarios (17).

    El 22 de diciembre, un día después de finalizadas las elecciones, el Vulcano llegó a aguas de Tarifa al mando del Teniente Coronel Isidoro Mercado Vililla con tropas de desembarco listas para intervenir, con la delicada misión de reducir y desarmar a la milicia ciudadana que a las órdenes de las autoridades municipales seguía operando en la localidad.

Todo este proceso coincidió con el derrocamiento de la Monarquía de Isabel II.

    El mismo día 22 el Gobernador militar llamó a su sede del Castillo al alcalde Gómez Moure y a los tres capitanes de compañía de la Milicia, con el pretexto de celebrar una conferencia amistosa (18). Una vez allí se les comunicó la orden recibida de desarmar a todo trance a los Voluntarios. Se contaba para ello con el batallón que había llegado a bordo del buque, la propia guarnición del Castillo y, si fuese necesario, tropas acuarteladas en Cádiz preparadas para desplazarse. El alcalde tarifeño negó su colaboración bajo pretexto de no acatar más órdenes que las procedentes de las autoridades civiles, en este sentido argumentó no haber recibido notificación alguna del Gobernador Civil. Su protesta se fundamentó en que al no encontrarse la ciudad en estado de sitio la actuación de las fuerzas militares sería una intromisión ya que ataca directamente a los fueros de las autoridades civiles; incluso Gómez Moure apeló, además de primera autoridad política, a su condición de jefe de la fuerza ciudadana para condenar este acto de violencia.

    Tras esta tensa reunión, con reiteradas amenazas de unos y negativas por parte de otros, el Gobernador militar Eizaguirre al día siguiente hizo público un bando instando a la población a entregar las armas en un plazo de cuatro horas. Pasadas las cuales, sin resultado, compañías armadas del Ejército invadieron las calles de Tarifa para dirigirse a los propios domicilios de los Voluntarios y obligarles a entregar las armas. Paralelamente otras fuerzas se dirigieron a las dependencias del ayuntamiento para hacerse cargo también del armamento allí existente. La celeridad por los trágicos acontecimientos de Cádiz, evitó un seguro conflicto armado que hubiese desencadenado un baño de sangre.

    Sin embargo, no se podía ignorar la irregularidad de una intervención llevada a cabo sin la participación de las autoridades legítimas, por lo que se intentó de nuevo obtener el beneplácito del alcalde a la operación. El día 24 se presentó en el domicilio particular de Gómez Moure el Teniente Coronel Mercado acompañado de un capitán del Ejército para obligar a la primera autoridad municipal a firmar un documento en el que se daba la autorización municipal al despliegue militar bajo la amenaza, en caso de negativa, de llevarlo preso a bordo del Vulcano. Además, el alcalde sostuvo ante el pleno municipal que fue amenazado con ser destituido del cargo antes de dos meses y que vería como pronto vendría la dictadura que ha de acabar con todos los republicanos (19).

    El mismo día 24, tras la retirada de las fuerzas militares, se reunió el ayuntamiento para dar cuenta de los graves incidentes. Tras el relato de los hechos que ofreció el alcalde, la Corporación hizo una defensa de la milicia local que desde su creación durante los primeros días de la Revolución se había granjeado [...] las generales simpatías de la población al haber sido elemento de orden y garantía de todo derecho, puesto a prueba una vez más durante la celebración de las últimas elecciones municipales, desarrolladas con normalidad durante cuatro días. Los concejales expresaron su protesta por la alarma provocada a la población y por no haber guardado las consideraciones debidas a las autoridades ni se respete la casa del pueblo.

    Todo esto llevó al Ayuntamiento a elevar una protesta solemne al Gobierno provisional por las actuaciones del Teniente Coronel Mercado y del Gobernador militar Eizaguirre (20), quien paradójicamente sólo unos días antes había recibido el apoyo de las autoridades municipales por sus actitudes liberales.

    De cualquier forma, estos conflictos y antagonismos entre las diferentes fuerzas que habían contribuido al derrocamiento de la monarquía de Isabel II permiten apreciar la ambigüedad de la Revolución. Para Fontana el movimiento desencadenado en Cádiz fue un gigantesco engaño: de un golpe de estado disfrazado de revolución, una vez que los conspiradores habían conseguido su objetivo pasaron a frenar a las fuerzas que habían llamado en su ayuda, con el fin de evitar que éstas llevasen las cosas más allá de lo deseado (21).

    Los republicanos se apartaron definitivamente del Gobierno, aunque su presencia en los municipios fue decisiva para comprender el desarrollo de los acontecimientos durante los años posteriores. El país de la mano de los nuevos gobernantes iba a tener una constitución monárquica, pero democrática y progresista; sin embargo, la desunión de las fuerzas políticas y el incumplimiento de muchas promesas le restó apoyos.

    En el corto trayecto que separa a la utopía de la realidad, la experiencia revolucionaria tarifeña apenas había tenido unos días de existencia. La Revolución en Tarifa había provocado tantas adhesiones y despertado tantas ilusiones y esperanzas que el panorama pareció nublarse al poco tiempo de su indiscutible triunfo.

(1) HERRÁN PRIETO, Joaquín, Juntas revolucionarias de 1868 en la provincia de Cádiz, en Gades núm. 19, Diputación de Cádiz, 1990, págs. 169-186.
(2) Archivo Municipal de Tarifa (AMT), Actas Capitulares, sesión de 22 de octubre de 1868.
(3) Manifiesto Tarifeños, (8 de octubre de 1868).
(4) AMT, Actas Capitulares, sesión 22 de octubre de 1868. Las nuevas autoridades revolucionarias, tras la retirada de los militares, recomendaron al vecindario que guardara el mayor orden y compostura y este solo paso, esta sola invitación fue bastante (para) calmar la excitación pública, dando los vecinos todos un ejemplo de moderación y cordura digno de elogio, pues no hubo ni un insulto ni la más mínima desgracia que lamentar.
VILLATORO NOBRE, Antonio J., Algeciras y el movimiento Cantonalista en Almoraima, separata del número 0, págs. 3-16, Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Algeciras, 1988. Por este autor sabemos que en Algeciras las cosas no discurrieron de la misma forma. El Ayuntamiento se vió desbordado por los acontecimientos, teniendo que hacer acto de presencia el propio general Prim para pedir calma a la población. En los incidentes fue asesinado el presidente de la Junta de Represión del Contrabando y se destruyeron sus archivos. Además, la cárcel fue asaltada para liberar a los presos.
(5) AMT, Actas Capitulares sesión 1 de noviembre de 1868.
(6) Idem, sesión 24 de diciembre de 1868.
(7) Idem, sesión 8 de noviembre de 1868.
(8) CARO CANCELA, Diego, Burguesía y jornaleros: Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (1868-1874), págs. 302-303, Jerez, Caja de Ahorros de Jerez, 1990.
(9) AMT, Actas Capitulares, sesión 22 de octubre de 1868.
(10) Manifiesto Tarifeños, op. cit.
(11) AMT, Actas Capitulares, sesión 22 de octubre de 1868.
(12) Idem.
(13) Idem.
(14) HERRÁN PRIETO, Joaquín, La Gloriosa en Cádiz: de la Revolución de 1868 a la Constitución de 1869, pág. 80, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1986.
(15) AMT, Actas Capitulares, 1 de enero de 1869.
(16) Idem, sesión 24 de diciembre de 1868.
(17) HERRÁN PRIETO, Joaquín, op. cit. pág. 28.
(18) AMT, Actas Capitulares, sesión 24 de diciembre de 1868. La versión de los hechos que nos ha llegado es la que ofreció el propio alcalde ante el pleno municipal y que se recogen en las actas de esta sesión.
(19) Idem.
(20) Idem.
(21) FONTANA, Josep, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, págs. 126-127, Ariel, Barcelona, 1980.

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