El manifiesto de la Junta Tarifeña de 1868

Antonio Morales Benítez

    La historiografía reciente ofrece diversas interpretaciones sobre la importancia y el papel que jugó la participación popular en los acontecimientos revolucionarios de 1868; sin embargo, coincide en afirmar que el movimiento, que comenzó como un pronunciamiento militar, como otros del siglo XIX, necesitó, allí donde triunfó, en algún momento de la población para consolidar la nueva situación. Por ello desde sus inicios estuvo acompañado de continuos llamamientos al pueblo a través de manifiestos y proclamas, que no sólo anunciaban un cambio dinástico sino también una profunda revisión de todo lo existente. Aunque fue un movimiento burgués, lo que nació en Cádiz tuvo la capacidad de remover los cimientos de la sociedad española con una intensidad hasta entonces desconocida que despertó en las clases populares un entusiasmo y apoyo sin precedentes.

    Los acontecimientos tuvieron una rápida repercusión en Tarifa, dada su privilegiada situación en el eje formado por los dos focos de la conspiración: Cádiz (donde se desencadenó el 18 de septiembre) y Gibraltar (base de refugio de algunos militares implicados). El 22 de septiembre se constituyó la Junta de Gobierno tarifeña, que cesó al ayuntamiento prerrevolucionario y asumió competencias políticas y militares para la adopción de medidas tendentes a reorganizar la vida ciudadana tras el estallido revolucionario. Al frente del nuevo organismo, como presidente, se situó el farmacéutico Pablo Gómez Moure, y como vicepresidentes Francisco Alba Fruzado, estudiante de Derecho, y Miguel Derqui España, propietario. La Junta se completó con cinco vocales: Manuel Manso Abreu, propietario; Juan Labao Nó, comerciante; Manuel Bárcena, propietario; Joaquín Hidalgo, labrador y Juan Romero Gracia, funcionario público, que desempeñó además el cargo de secretario (1). Los componentes de esta Junta proceden en su conjunto de la pequeña burguesía local y conforman una clase media ilustrada compuesta de empleados, comerciantes y pequeños propietarios. En el plano ideológico existe un predominio de elementos republicanos, que llegaron a adquirir, en algunos casos, un gran protagonismo en la vida política local durante los años posteriores y nutrieron la masonería tarifeña al constituir el núcleo fundacional de la logia "Bercelius" en 1885 (2).

    El 1 de octubre la Junta de Gobierno nombra, a su vez, a una junta municipal para sustituir al depuesto ayuntamiento monárquico (3). Con la existencia de las dos instituciones se establece una duplicidad de poder en Tarifa; dentro de este esquema el nuevo organismo municipal asume las competencias administrativas y está formado por dieciocho miembros, presididos por el propio Gómez Moure que se convierte así en el primer alcalde revolucionario, confirmando con ello el peso que tuvo en la organización del movimiento en la localidad. La composición de la nueva junta es más heterogénea que la anterior, dándose sólo el caso del secretario Romero Gracia con presencia en ambos organismos (4).

    Esta Junta municipal fue una de las primeras en atender la llamada de la Junta Provincial para sufragar los gastos generados por el ejército (5). En las dependencias municipales se convocó a los mayores contribuyentes de la localidad para hacer efectivo un préstamo al municipio de seis mil escudos para contribuir a la consolidación del movimientos revolucionario (6).

Isabel II. (Tomo VI, Historia General de España de La Fuente, cedida por Manuel Liaño)

    Sin embargo, en contraste con la rapidez en la propagación e institucionalización del movimiento, las nuevas autoridades tarifeñas se mostraron más cautelosas a la hora de dirigirse a la población a través de proclamas para hacer pública la nueva situación política. Esta actitud contrasta también con la de otras juntas locales de la Provincia (7) que no esperaron al establecimiento de un Gobierno Provisional en Madrid para expresar sus ideas al pueblo. La prudencia de la Junta de Gobierno tarifeña se quiere justificar por carecer de autoridad en tanto el movimiento no sea legitimado; se puede interpretar sin embargo como una estrategia política para evitar divisiones entre los propios aliados (demócratas, progresistas y liberales) hasta que no estuviese asegurado el triunfo de la Revolución. Al fin, tras el establecimiento de "las autoridades legítimas" en el gobierno de la nación, se produce la publicación y difusión de un manifiesto político dirigido a todos los tarifeños (8). El documento fechado el 8 de octubre permite conocer con mayor precisión el horizonte ideológico e intelectual de los miembros de la Junta de Gobierno. Su publicación viene justificada, en primer lugar, por la restauración del orden público tras los sucesos revolucionarios que vivió la localidad durante los días 21 y 22 cuando la población vio rodar por las calles el busto de la reina Isabel II tras ser lanzado desde el balcón del ayuntamiento (9).

    El Manifiesto comprende una serie de principios y de medidas. Se ha discutido mucho sobre el carácter de estos documentos que, en líneas generales, difícilmente pueden ser considerados como un programa de gobierno; sin embargo, en el caso de Tarifa al menos fue planteado como tal, porque se observa una voluntad de llevar a cabo los postulados que lo conforman. El objetivo que se plantean sus redactores no deja lugar a dudas: "mejorar la economía social del pueblo". Así mismo, se contemplan una serie de reivindicaciones dirigidas a las nuevas autoridades nacionales que son consideradas imprescindibles para asegurar los logros revolucionarios.

    En el apartado político el Manifiesto proclama los derechos del hombre y las libertades de pensamiento, reunión y asociación en un sentido amplio ya que pueden orientarse a "todos los fines de la actividad humana"; también se recogen los de prensa, correspondencia y seguridad. Pero no se queda en una simple enumeración de derechos y libertades, sino que se plasman también una serie de garantías protectoras de cualquier abuso, a través de figuras jurídicas como el "habeas corpus".

    Entre los derechos del hombre se incluye la implantación de una república federativa, por ser considerado el régimen más idóneo para el desarrollo de las libertades. De esta manera, tras pedir la convocatoria de cortes constituyentes, la Junta tarifeña se decanta hacia un cambio radical en la estructura del Estado que le llevó a propugnar una "independencia casi absoluta del pueblo a pueblo, de provincia a provincia, de región a región". Las propuestas federalistas no eran nuevas en el panorama español, pero sólo habían sido defendidas en círculos minoritarios. Ahora se ofrecían como bandera a la poblacion. Por otra parte, tras el triunfo de las tesis republicanas en el interior de la Junta se reclama "la inhabilitación y absoluta incapacidad de Isabel de Borbón y toda su raza para ocupar el primer puesto en la gobernación del país".

    Algunas propuestas están encaminadas a la instauración de un régimen de soberanía popular a través del sufragio universal, caballo de batalla del partido demócrata. También se reivindican medidas de amplio apoyo popular como la abolición de las quintas y la erradicación de la corrupción política y administrativa, junto a otras como la implantación del Jurado o la abolición de la pena de muerte. Así mismo, se recogen otras orientadas a lograr una secularización de la vida española, la separación de la Iglesia y el Estado, el matrimonio civil y la libertad de cultos y de enseñanza. Sin embargo, no existen ataques a la institución eclesiástica, a diferencia del anticlericalismo del que hicieron gala algunas juntas; incluso, la Junta municipal de Tarifa acuerda celebrar sus sesiones ordinarias todos los domingos "después de dicha la misa de doce" (10).

    En cuanto a las disposiciones de carácter económico, el Manifiesto recoge los puntos esenciales del programa económico liberal (11) en el que coincidían, en términos generales, todos los grupos políticos que se habían conprometido con el pronunciamiento. Éste estaba encaminado fundamentalmente a eliminar las trabas que impedían el desarrollo y expansión del incipiente capitalismo español; para acabar con los obstáculos se proclama la libertad de comercio y de tráfico de productos; también es recogido el viejo anhelo liberal del establecimiento de una contribución única directa y la abolición de todas las contribuciones indirectas, especialmente el impuesto de consumo, que alcanzó gran eco entre las clases populares por la rebaja que suponía en el precio de los artículos de primera necesidad. Otras medidas están encaminadas a la supresión de monopolios estatales como el impuesto del papel sellado o las matrículas de mar por enganches.

    Estas ideas son comunes a todas las proclamas revolucionarias; sin embargo, la Junta tarifeña fue más lejos al defender unas propuestas socialmente más avanzadas que se alejan de los presupuestos del liberalismo económico al propugnar una política intervencionista del Estado. Se parte de la idea que para que la revolución iniciada no sea "infructuosa como otras veces" se hace necesario tener en cuenta que "un hambriento no puede ser libre", porque "la libertad del hombre no se da sin el bienestar" y este no se consigue sin el trabajo, que es definido como "un derecho sacratísimo". Por ello sobre la sociedad pesa el "deber imperioso" de proporcionar trabajo a todos sus miembros, ya que "una nación que deja perecer de hambre a sus ciudadanos es una nación de tigres" y un pueblo que intenta curar estos males con limosnas "es un pueblo degradado". Aunque en ningún momento se cuestiona la propiedad privada de la tierra, la Junta no se queda en una simple declaración de principios sino que anuncia el reparto de los bienes de propios, baldíos y realengo, y promete "no perdonar medio alguno" para recuperar para el pueblo las dehesas ilegalmente ocupadas (12).

    En los días siguientes se emprendieron los primeros repartos de tierras entre los jornaleros. Con estas acciones la Junta de Gobierno pretende crear en la localidad una nueva clase social compuesta de pequeños propietarios. Esta clase media sería el sostén del nuevo régimen, tal como había ocurrido en otros países donde la revolución liberal había triunfado.

    Con la irrupción de la democracia en la vida española los revolucionarios disponían de los instrumentos políticos para llevar a cabo su programa. En su conjunto el Manifiesto de Tarifa de 1868 es una propuesta de modernización de la vida pública local dirigida a una población deseosa de cambios políticos y transformaciones sociales, y supuso el intento de la burguesía tarifeña de abrir el horizonte político e intelectual de la localidad y promover plataformas más eficaces para su desarrollo económico.

REFERENCIAS

(1) Manifiesto "Tarifeños" de 8 de octubre de 1868, se conserva en la Hemeroteca Municipal de Madrid.
(2) Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, Salamanca, Masonería, leg. 743-A-24.
(3) Archivo Municipal de Tarifa (AMT), Actas Capitulares, sesión 1 de octubre de 1868.
(4) El ayuntamiento se completó con los siguientes ediles: Rafael Bermúdez Sánchez, Joaquín Manso Balongo, Angel Muñoz Orta, Manuel Sáenz Domínguez, Alonso de Arcos Díaz, José Piñero Ríos, José Fernández Mayo, Joaquín Gutiérrez Hidalgo, Domingo Herrera Torres, Rafael Guerra Valencia, Lázaro Arcos Villanueva, José Chico Rodríguez, Pedro Chico Guerra, José Escribano Ortega, Juan Campoy Jiménez y Luis Fernández Moreno.
(5) HERRÁN PRIETO, J.,, "La Gloriosa En Cádiz: de la Revolución de 1868 a la Constitución de 1869", Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1986, p.60.
(6) AMT, Actas Capiturales, sesión 4 de octubre de 1868.
(7) CARO CANCELA, D., "Burguesía y jornaleros: Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (1868-1874)", Jerez, Caja de Ahorros de Jerez, 1990, pp. 298-299. En esta ciudad se hace público un primer manifiesto el 19 de septiembre.
(8) Manifiesto "Tarifeños"..,op.cit.
(9) Idem.
(10) AMT, Actas Capitulares, sesión 2 de octubre de 1868.
(11) COSTAS COMESAÑA, A., "Apogeo del liberalismo en La Gloriosa: La reforma económica en el Sexenio liberal (1868-1874)", Madrid, Siglo XXI, 1988, pp. 39-40.
(12) El Manifiesto se refiere expresamente a la dehesa de Arráez: "... si pertenece al pueblo, del pueblo será. Para este tema: SARRIÁ MUNOZ, Andrés, "La lucha por la tierra: breve Historia del Pleito entre Tarifa y los duques de Medinaceli", en Almoraima nº 9, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Algeciras, 1993, pp.181-190.

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