Una tesis doctoral sobre Tarifa

María Francisca Cortés Melgar

Mª Francisca Cortes Melgar es Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Granada, Catedrática de Bachillerato. Ejerció la enseñanza en nuestro Instituto de BUP, llegando a ser Directora del mismo. Presenta en estas páginas un adelanto de su tésis doctoral sobre la Tarifa del siglo XIX.

    El estado de conservación de los archivos parroquiales de la ciudad de Tarifa es una invitación a quienes, atraidos por el transcurrir de la historia y la vida en ella, quieren estudiarla. Por ello, estando pendiente el estudio sistemático de la población en el siglo XIX, decidimos abordarlo, conscientes de la aridez del proyecto pero animados por la seguridad en la riqueza de los resultados. No era un proyecto aislado, sino que continuando el estudio que Javier Criado viene realizando para los siglos anteriores, nos situaba en condiciones de ofrecer una visión de la población de Tarifa en las épocas moderna y contemporánea.

    Nuestro trabajo, que abarca el periodo comprendido entre 1795 y 1870, aporta, no obstante, una novedad; además de los aspectos tradicionales de la investigación demográfica; la evolución de la natalidad, nupcialidad y mortalidad, la interrelación de las mismas, las circunstancias modificadoras que intervienen y las explican, y el contexto socio-económico en que se producen, estudia la estructura y el comportamiento familiar de la población.

    Esta tarea hubiera sido imposible con el sólo recuento, clasificación y elaboración de los datos que aparecen en los registros parroquiales, lo cual es ya una tarea de envergadura. Las varias decenas de miles de fichas que con ellos hemos obtenido se han convertido con el método de reconstrucción de familias sólo en el medio de conseguir otras tantas en las que aparece, reunida y sistematizada, toda la información referente a cada persona que nació, se casó, tuvo hijos o murió en esta ciudad, con las cuales completamos, a su vez, las deficiencias y corregimos los errores que aparecen en las primeras. Es un método arduo y laborioso, pero sin duda el más completo que puede utilizar un investigador para conseguir los fines propuestos.

    Podemos conocer, con ello, la evolución anual y mensual de la nupcialidad, natalidad y mortalidad, determinando la estacionalidad de las mismas, el periodo de las concepciones, su relación con los precios y las crisis de subsistencias, así como el grado de dependencia de las actividades laborales, la edad de los cónyuges, el porcentaje de varones y mujeres casados, el número de hijos por familia, el intervalo en meses de los nacimientos, la edad de la madre y del padre en cada uno de ellos, la duración media del matrimonio, la evolución del domicilio familar, la tasa de fecundidad y esterilidad, la frecuencia de las segundas y terceras nupcias en mujeres y hombres, la movilidad social a través del matrimonio, la natalidad legítima e ilegítima, sea ésta reconocida o no. Se puede precisar, igualmente, la esperanza de vida para hombres y mujeres determinando los porcentajes correspondientes por sexos, estado civil, categorías profesionales, etc., la distribución urbana de la mortalidad, las causas de la mortalidad adulta e infantil, la frecuencia de ésta, el crecimiento vegetativo de la población, estableciendo aquellas circunstancias modificadoras que han intervenido en los procesos (crisis económicas, guerras, epidemias, etc.).

    Este método nos permite también valorar la incidencia del fenómeno migratorio, estableciendo el porcentaje de forasteros casados y muertos en Tarifa, la procedencia de la inmigración, si ésta fué individual o familiar, la categoría socio-profesional de los inmigrados, la distribución urbana de los mismos, etc.

    Por su parte, el estudio de las actas de cabildo, que hemos abordado hasta 1850 y en el que aún continuamos, nos ha facilitado información sobre aspectos tan interesantes como las formas de subsistencia y la organización económica y social que se deriva de ellas, el comportamiento político de la ciudad en los períodos de reacción absolutista o en los de avance liberal, la evolución urbana, etc. La aridez del método demográfico es sustituido ahora por el interés que despierta una lectura que llega a apasionar y que invita a profundizar en los aspectos que descubrimos.

    En este sentido Tarifa es una ciudad que nos aparece a mediados del siglo XIX todavía anclada en las formas de vida tradicionales, aunque se están desarrollando los elementos que luchan por conseguir su transformación. La ganadería se constituye como la principal fuente de riqueza, combinando la cría de ganado vacuno, la más lucrativa, con la de cerda y lanar, también de gran rentabilidad, de forma que los diez primeros criadores de la primera especie lo son tambien de las otras dos. La especie más abundante era la cabra, y existía una producción de bueyes y caballos destinados preferentemente a las labores del campo. Sin embargo, la carne no parece ser un elemento básico en la alimentación de la mayoría de la población, que es descrita reiteradamente como paupérrima. Por el contrario si que lo son algunas variedades de pescado azul, como el jurel y la caballa, junto con el pan y los productos de la huerta.

    La agricultura era el único medio de subsistencia para la mayoría de la población, aunque los grandes labradores eran al mismo tiempo los mayores criadores de ganado. La obligación de contribuir a la hacienda real con el tres y un tercio por ciento de todo fruto de la tierra y de toda cría de ganado mayor y menor, aves, abejas, miel y cera, nos ha permitido conocer el contenido del interrogatorio enviado al Ayuntamiento en Julio de 1805 por la intendencia de Cádiz y su respuesta, que resumimos:

1.- ¿Qué especies de frutos granados hay?: bellota sólo por no haber castaños, encinales, guindos ni cerezos; está en práctica pagar el diezmo de huertas y arboledas en toda clase de frutas como son naranjas de toda especie, ciruelas, damascos, membrillos y nueces, peras y manzanas.
2.- ¿De qué fruto menudo se paga igualmente el diezmo de cual no?: no hay fruto menudo, olivos, algarrobos, frelos, etc.
3.- ¿De qué ganados mayores y menores se paga el diezmo y de cuales no?: se paga de truchas, potros, borricos, abejas y cabras, que son las especies conocidas en esta ciudad, y no pueden pagarse en mulos, camellos, conejos, etc., que no hay.
4.- ¿Si se paga o no de la lana, queso y manteca?: se paga diezmo de lana, de queso, de la leche que no se cuaja y se vende, pero no de manteca.
5.- ¿Si se paga el diezmo de las aves domésticas o de corral, de cuáles sí y de cuáles no?: no se paga diezmo de las aves domésticas, ni se crían con abundancia en esta ciudad.
6.- ¿Si se paga diezmo de las colmenas, miel y cera?: se paga de miel y cera, no de las colmenas.
7.- ¿Si se paga de toda clase de hortalizas y legumbres, de cuáles sí y de cuáles no?: se paga de toda clase de hortalizas y legumbres, sandías y melones.
8.- ¿Si se paga de toda clase de frutas, de cuáles sí y de cuáles no?: se paga de toda clase de frutas que producen los huertos particulares.

    La dependencia de la agricultura de los factores climatológicos, la frecuente alternancia en un mismo año agrícola de lluvias torrenciales y sequías pertinaces, provocaban problemas de escasez y carestía, cuyas consecuencias sobre la población el Ayuntamiento intentaba paliar en una doble vertiente: organizando el abastecimiento de la población con productos foráneos e interviniendo en la regulación de los precios. En este sentido el pósito actuaba incidiendo sobre la oferta de trigo, cuando tenía recursos para ello, lo que conseguía el descenso de los precios, aunque esta intervención municipal fué suprimiéndose a medida que se aplicó la libertad de comercio a los distintos ramos, lo que se tradujo en graves problemas de especulación en las épocas de crisis.

    Lamentablemente no se refleja en las actas de cabildo las contestaciones a los interrogatorios sobre el estado de la industria enviado por la misma Intendencia en 1802, 1815 y 1817. Sin embargo, contamos con testimonios específicos sobre el estado de la misma. Baste, como ejemplo, la rotundidad de la respuesta a la circular de Febrero de 1839, sobre la situación de los servicios públicos en Tarifa: "No hay ninguna fábrica"; a otra circular preguntando cuántas fábricas de aguardiente y licores existían: "Aquí no hay dichas fábricas", a otra del Gobierno Civil sobre "el número de fábricas de telares de tejidos de todas clases que haya en la ciudad", se contesta que "no hay de dichas clases"; así interrogatorio realizado en 1827 sobre cosechas de lino y cáñamo, "no las produce este término"... Las manifestaciones sobre la total ausencia de industria y sobre la agricultura como actividad a la que se dedica la mayoría de la población son generales en todo el periodo.

    La sistematización por ramos de las actividades comerciales de la ciudad las encontramos referidas a 1827, con motivo de establecerse el subsidio de comercio. La contribución que realiza cada uno de ellos es un indicador de la importancia de sus actividades, aunque no permite conocer el número de personas dedicadas a ellas y, por tanto, su grado de concentración. La relación a la que nos referimos es la siguiente: tiendas de paño y abacería: 32.647 reales; negociantes en rentas decimales: 10.400; aceite: 9.900; carbón, leña y curtidos: 5.554; panadería y harineros: 5.137; posadas, cafés y billares: 4.700; negociantes en subasta de rentas reales: 4.400; granos: 3.932; vinos y licores: 2.525; negociantes de barcos: 2.410; traficantes de carnes: 2.070; madera: 1.900; confiterías: 1.500; marchantes de ganado: 1.000; sombrererías: 900; albardoneros: 100; latoneros: no se precisa.

    De esta relación se deduce que las actividades que mayor contribución generan son las relacionadas con el abastecimiento de la primeras necesidades (y obligaciones) del común y la escasísima distribución de los productos derivados de una artesanía local. No se trata, sin embargo, de una economía autosuficiente; por el contrario buena parte de los productos que se venden son adquiridos fuera de la localidad y conducios por arrieros o traficantes.

    Para este periodo no se refleja en las actas de cabildos movimiento alguno de compraventa de ganado entre Tarifa y Marruecos. Si hay constancia de algunos abastecimientos circunstanciales de trigo de aquel país en épocas de gran escasez y cuando es imposible encontrarlo en el Campo de Gibraltar o en otros pueblos de Cádiz o Sevilla. También es excepcional el aprovisionamiento de trigo de ultramar y siempre a través de Algeciras. No obstante, este comercio debía tener importantes perspectivas, ya que en 1815 el Ayuntamiento solicita la habilitación de una aduana para comerciar con Marruecos y Gibraltar.

    Hemos constatado que la pesca era una motividad importante por el numero de personas que se dedicaban a ella (lo que dificultaba el reclutamiento de voluntarios para el ejército cuando eran requeridos), así como por la gran variedad de peces que se obtenían: brecas, dobladas, pajeles, atunes, bonitos, abadejos, lisas, sargos, voraces, meros, corvinas, besugos, salemás, jureles, cazones, caballas, bogas, morenas, sardinas y boquerones, rayas, albacoras y angelotes, chuchos, pámpanos, salpajureles, samas, cornudas y peces emperadores.

    Pero, sobre todo, los pescadores son el primer colectivo que aparece unido, con una conciencia sectorial y enfrentado a un Ayuntamiento que pretende regular su actividad ya desde principios de siglo.

    En nuestra opinión, siendo las actividades agropecuarias la base de la economía, la estructura de la propiedad de la tierra resulta el elemento determinante de toda la organización económica y social. Las tierras, montes y aguas del término de Tarifa pertenecían al común de vecinos y el Ayuntamiento administraba su uso distribuyéndolas en lotes de diversos tamaños, previa solicitud, a condición de tener recursos para labrarlas, de no perjudicar a terceros y de destinarlas al plantío de viñas, huertas o para el mantenimiento del ganado, con la expresa prohibición de la rotura de montes para la siembra de granos, de cuyo arrendamiento el Ayuntamiento obtenía el grueso de los recursos municipales. Esto determinó que en 1848 "de las tres partes de la población las dos se hallan establecidas y viviendo de continuo en el campo, pues no media un tiro de fusil sin que haya un establecimiento rural al abrigo, unos de veinte fanegas de tierra de labor, otros de treinta y así sucesivamente de más o menos número de fanegas; como igualmente los unos con diez reses, los otros con veinte, etc.".

    Las mejores y mayores tierras del término aparecen concentradas en manos del duque de Medinaceli y de los grandes criadores de ganado, algunos de ellos colonos de aquel. La gran masa de jornaleros y yunteros no tuvo acceso a la tenencia de la tierra hasta el trienio liberal. En 1820 se realizaron repartos provisionales de tierras entre ellos, advirtiendo el Ayuntamiento que sólo la sexta parte de las tierras repartidas entraron en labor por falta de medios. Por su parte, la junta de labradores, consultada por el Ayuntamiento, se manifestó a favor de mantener la mancomunidad de los pastos, aunque sí se había de hacer un reparto individual de éstos, planteó que se realizara sin perjudicar a la cría de ganado vacuno "que es interesantísimo" distribuyendo las tierras de pastos que venían disfrutando entre ellos en suertes mayores, medianas y pequeñas "según el número de clase de personas que tengan ganado". Por tanto los repartos de tierras entre los jornaleros se hicieron sin afectar a los intereses de este sector, el más poderoso de la localidad, distribuyéndoles pequeños lotes de la peor calidad. El fin del trienio liberal terminó con estas distribuciones.

    La desamortización de Mendizábal tampoco supuso cambios importantes en la estructura de la propiedad de la tierra. En 1836 y 1837 se realizaron repartos provisionales a la espera de lo que debía ser el reparto general de tierras en el reino. Los usuarios de las dehesas concejiles realizaron peticiones al Ayuntamiento para acotar las eras que venían disfrutando, que no las concedió por sistema al considerar que estos labradores "ya disfrutan de las mayores y mejores tierras, privando al resto de criadores de ellas", lo que originó fuertes tensiones entre ambas partes que se concluyeron al compensar el Ayuntamiento a quienes había producido perjuicio. Los baldíos para pastos se distribuyeron sin problemas dada la escasa calidad de estos, así como los baldíos susceptibles de labor, repartidos entre los jornaleros en suertes anuales.

    La insuficiencia de tierras a repartir entre estos últimos y la presión que ejerció este sector que dependía de la tierra como única forma de subsistencia, obligó al Ayuntamiento a intentar recuperar la dehesa de Arraez, en posesión del duque de Medinaceli, y la de Quebrantanichuelos, explotada por los hermanos Carrasco. Era el primer intento de modificar la tenencia de la tierra atentando contra los intereses de los poderosos, recuperando parte de las mejores tierras del término. La resistencia de sus ocupantes y la presión de los jornaleros para obtenerlas determinaron los conflictos sociales más graves de este periodo con varias ocupaciones de tierras y de la casa consistorial. El Ayuntmaiento se enfrascó en un pletio contra el duque, cuya evolución continúa en los años posteriores, y en contra de lo determinado por la Diputación, que amparó a sus ocupantes tradicionales, repartió Quebrantanichuelos. Obligado por ésta a anular el reparto cuando ya los campesinos habían realizado las cementeras, se vió obligado a indemnizar a algunos de éstos por las pérdidas ocasionadas, viviendo momentos de fuerte tensión cuando los labradores, considerándose dueños de estas cosechas, pretendieron arrebatarlas a los braceros quienes, al depender de ellas la subsistencia de sus familias, se dispusieron a defenderlas con el uso de la violencia.

    La situación de calamidad en que vivía el sector les llevó a reivindicar de nuevo en 1840 las suertes que habían poseido en 1837. Esta vez el reparto fué aprobado por la Diputación tras varios episodios de ocupación del Ayuntamiento por los jornaleros. El reparto de Quebrantanichuelos hubiera podido intervenir modificando en parte la situación del campesinado, por ser tierras de excelente calidad, que aunque sorteadas anualmente, podía haber generado un excedente susceptible de ser invertido en la propia agricultura o en otras actividades, de no ser porque el reparto realizado en 1841 "ha degenerado hasta servir de obsequio a amigos y particulares los cuales en su mayoría no son labradores ni menos tenían necesidad de tierras por pertenecer a diferentes oficios". El fraude y la especulación alcanzó cotas tan elevadas en el reparto de 1842 que la propia Diputación lo anuló por presiones de los jornaleros, ya que personas desconocidas con la localidad aparecían con dos o tres yuntas, así como licenciados y personas de diversos oficios; una parte importantísima de tierras de primera calidad no se sortearon, permaneciendo reservadas; algunos se prestaron a que su nombre figurara en el reparto en beneficio de terceros; las listas de aspirantes se hicieron públicas dos horas antes de iniciarse el reparto, por lo que no pudieron ser recurridas, etc.

    Estos sucesos provocaron la desesperación de los campesinos, ya que se producían en un año en que "por efecto de las continuas lluvias había llegado a su colmo la miseria de los pobres braceros y jornaleros del campo, llegando a extremos de que en grupos numerosos discurrían por la ciudad implorando la clemencia pública". El Ayuntamiento, para evitar "los males y desórdenes a que el hambre pudiera conducir" decidió abrir una suscripción entre los pudientes para repartir diariamente a cada familia una libra de pan por cada hijo que tuviese, y una libra y media a los jornaleros solteros. Lluvias que alternaron con varios meses de sequía pertinaz que amenazó con perder las cosechas y que concluyó con lluvias torrenciales que llegaron a modificar el curso del rio Jara.

    En 1850 no se había realizado, pues, el reparto definitivo de la tierra, ni se había modificado sustancialmente la tenencia de la misma. Los sectores pudientes habían consolidado su situación al conceder el Ayuntamiento en 1840 a la junta de criadores el acotamiento de los pastos por partidos "para que se disfruten exclusivamente por los criadores comprendidos en cada uno respectivamente, bajo un tanto moderado que deberán satisfacer a prorrateo entre los mismos". El reparto anual de estos pastos se realizó entre ellos nombrando un cabecera de dehesa, que pagaba el arrendamiento total al Ayuntamiento y era el administrador de la misma ese año, encargándose de "llenarla" cobrando a cada criador el canon correspondiente al número de cabezas que introducía. Por su parte, también braceros y yunteros participaron en repartos anuales de tierras, escasas y de peor calidad, con la expresa prohibición de mantenerse en sus suertes, que eran redistribuidas al año siguiente, lo que dificultaba la introducción de mejoras en ellas.

    La propiedad de la tierra seguía perteneciendo jurídicamente al común de vecinos pero fueron las minorías tradicionales las que continuaron acaparando la mayor y mejor parte de las mismas.

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